EL CAMPO NO NECESITA MÁS CARGAS: NECESITA CONDICIONES PARA PRODUCIR Y COMPETIR
Política tributaria, productividad y seguridad alimentaria: el desafío de construir un sistema económico que fortalezca las finanzas públicas sin debilitar al aparato productivo colombiano.
El campo colombiano enfrenta una discusión que va mucho más allá de los impuestos: ¿cómo garantizar los recursos que necesita el Estado sin comprometer la capacidad de producir alimentos, generar empleo y dinamizar las economías regionales?
La pregunta es fundamental para el futuro económico del país. La producción agropecuaria no es una actividad aislada. Detrás de cada alimento existe una cadena de valor que involucra productores, trabajadores rurales, proveedores de insumos, maquinaria, transporte, transformación industrial, comercialización y consumidores.
Cuando aumenta el costo de producir, el efecto puede trasladarse a toda la cadena. Por eso, cualquier decisión tributaria que afecte al sector agropecuario debe analizarse no solamente desde el recaudo fiscal, sino también desde sus consecuencias sobre la productividad, la inversión, el empleo y la seguridad alimentaria.
La discusión vuelve a tomar relevancia tras el pronunciamiento de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), cuyo gerente general, Rafael Hernández Lozano, expresó la necesidad de fortalecer las finanzas públicas sin imponer nuevas cargas que comprometan la competitividad del campo.
Su mensaje plantea una reflexión necesaria: un país que necesita recaudar también necesita producir.
1. El dilema económico: recaudar más sin producir menos
Las finanzas públicas requieren recursos para garantizar el funcionamiento del Estado, financiar infraestructura, educación, salud y programas sociales. Sin embargo, la política tributaria debe considerar la capacidad económica de quienes generan actividad productiva.
En el caso del agro, gravar insumos y servicios agropecuarios con IVA, como plantea la preocupación expresada por Fedearroz, podría incrementar los costos de producción y afectar la capacidad de inversión de los agricultores.
El impacto potencial no se limita al productor.
Un aumento de costos puede reducir márgenes, afectar decisiones de siembra, presionar los precios, modificar la rentabilidad de las unidades productivas y generar mayores dificultades para competir frente a productos importados.
Esto exige evaluar las medidas fiscales desde una perspectiva integral.
No se trata de desconocer la necesidad de ingresos públicos. Se trata de evitar que las decisiones destinadas a fortalecer el recaudo terminen debilitando la actividad económica que también contribuye a generarlos.
La sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad productiva deben avanzar de manera complementaria.
2. El costo de producir también determina la competitividad
En el entorno empresarial, la competitividad no depende exclusivamente del precio de venta. Está determinada por la capacidad de producir con eficiencia, acceder a tecnología, gestionar costos, disponer de infraestructura y responder a las condiciones del mercado.
En el sector agropecuario, estos factores son especialmente sensibles.
El productor debe enfrentar costos asociados a semillas, fertilizantes, protección de cultivos, maquinaria, combustibles, servicios, transporte, financiación y mano de obra.
Cuando estos costos aumentan, la capacidad de competir puede reducirse, especialmente para los pequeños y medianos productores que tienen menor capacidad financiera y menos posibilidades de absorber variaciones.
Por eso, la política económica debe considerar instrumentos que favorezcan la productividad:
- Incentivos para modernizar los sistemas productivos.
- Acceso a financiación en condiciones adecuadas.
- Tecnología para mejorar rendimientos y eficiencia.
- Infraestructura de transporte y almacenamiento.
- Asistencia técnica y transferencia de conocimiento.
- Fortalecimiento de la comercialización y acceso a mercados.
- Condiciones tributarias que reconozcan las particularidades de la producción agropecuaria.
El desafío no es únicamente producir más. Es producir mejor, con eficiencia, calidad y capacidad de competir.
3. Seguridad alimentaria: una responsabilidad económica y estratégica
La producción nacional de alimentos tiene una dimensión que trasciende los resultados financieros de cada empresa agrícola.
Está directamente relacionada con la seguridad alimentaria, la estabilidad de los territorios rurales y la capacidad del país para responder a situaciones de incertidumbre económica, climática y comercial.
Cuando una economía pierde capacidad productiva en sectores estratégicos, puede aumentar su dependencia de las importaciones.
Esto no significa que el comercio internacional deba evitarse. Las importaciones y exportaciones hacen parte de la dinámica económica. Sin embargo, depender excesivamente de proveedores externos en productos esenciales puede generar vulnerabilidades ante cambios en los precios internacionales, restricciones comerciales, problemas logísticos o tensiones geopolíticas.
Por eso, fortalecer la producción nacional también es una decisión de gestión del riesgo país.
El arroz, por ejemplo, representa una cadena productiva de importancia para el abastecimiento alimentario y para las economías regionales. Su desempeño no depende exclusivamente del agricultor: está conectado con proveedores, trabajadores, molinos, transportadores, comerciantes y consumidores.
Debilitar uno de estos eslabones puede generar consecuencias sobre el conjunto de la cadena.
4. El agro necesita inversión, innovación y transformación productiva
Hablar de competitividad agrícola implica reconocer que el campo colombiano necesita evolucionar.
La productividad requiere incorporar conocimiento, tecnología, innovación y mejores prácticas de gestión.
La transformación del agro debe avanzar en varios frentes:
Agricultura de precisión: aprovechar herramientas digitales, sensores, información climática y análisis de datos para tomar mejores decisiones productivas.
Eficiencia en el uso de recursos: optimizar el consumo de agua, energía, fertilizantes y otros insumos, reduciendo desperdicios y costos.
Mecanización y modernización: facilitar el acceso a maquinaria y tecnologías apropiadas para las características de cada productor y territorio.
Gestión empresarial: fortalecer las capacidades financieras, comerciales, administrativas y estratégicas de las unidades productivas.
Asociatividad: promover modelos de cooperación que permitan compartir infraestructura, acceder a mercados, negociar mejores condiciones y generar economías de escala.
Investigación y transferencia tecnológica: conectar universidades, centros de investigación, entidades públicas y productores para convertir el conocimiento en soluciones aplicables.
La competitividad del campo no se construye únicamente desde los incentivos económicos. También requiere capacidades empresariales para transformar esos recursos en mejores resultados.
5. Las mipymes rurales necesitan condiciones para crecer
Una parte importante del tejido productivo agropecuario está conformada por pequeños y medianos productores que enfrentan barreras de financiación, tecnología, formalización y comercialización.
Para estas unidades productivas, cualquier incremento en los costos puede tener efectos significativos.
La discusión tributaria debe conectarse con una agenda de desarrollo empresarial rural que permita mejorar su productividad y sostenibilidad financiera.
Esto implica trabajar en:
- Educación financiera y planeación de costos.
- Acceso a crédito y mecanismos de financiación.
- Formalización empresarial progresiva.
- Fortalecimiento de capacidades comerciales.
- Transformación digital y apropiación tecnológica.
- Encadenamientos productivos y asociatividad.
- Acceso a programas de asistencia técnica e innovación.
No basta con exigir mayor productividad si no se construyen las condiciones para alcanzarla.
Una política de desarrollo rural debe reconocer las diferencias entre productores, regiones, capacidades financieras y escalas de operación.
6. Política pública y empresa: una relación que necesita diálogo
El pronunciamiento de Fedearroz pone sobre la mesa una discusión que requiere participación de distintos actores.
El Estado necesita recursos y capacidad institucional. Los productores necesitan condiciones para invertir y competir. Los consumidores necesitan alimentos disponibles y precios razonables. Las regiones necesitan empleo y dinamismo económico.
Estos objetivos no deberían plantearse como intereses necesariamente opuestos.
El desafío consiste en construir decisiones que consideren los efectos económicos de toda la cadena productiva.
Para ello, es fundamental fortalecer los espacios de diálogo entre Gobierno, gremios, productores, empresas, academia y entidades territoriales.
Las políticas públicas deben evaluar sus impactos antes de implementarse y contar con mecanismos de seguimiento que permitan identificar efectos sobre costos, inversión, empleo, producción y precios.
La competitividad no se decreta: se construye mediante condiciones, capacidades, inversión y coordinación institucional.
7. Una mirada territorial: el campo también mueve la economía regional
La actividad agropecuaria tiene una relación directa con el desarrollo de los territorios.
En Cundinamarca y otras regiones del país, la producción agrícola se conecta con actividades de transformación, logística, comercio, servicios y distribución.
Esto significa que fortalecer el campo también puede generar oportunidades para empresas de otros sectores.
Los territorios necesitan identificar sus capacidades productivas, mejorar sus conexiones logísticas, promover alianzas entre productores y empresas, facilitar el acceso a mercados y desarrollar estrategias de innovación.
Desde una perspectiva de inteligencia territorial, resulta fundamental comprender:
- Qué productos y cadenas tienen mayor potencial en cada región.
- Cuáles son los principales costos y barreras de producción.
- Qué infraestructura limita la competitividad.
- Dónde existen oportunidades de transformación agroindustrial.
- Qué capacidades tecnológicas y financieras necesitan los productores.
- Cómo pueden articularse empresas, instituciones y gobiernos locales.
El desarrollo rural no puede depender exclusivamente de la producción primaria. La generación de valor agregado, la transformación de productos y la integración comercial son fundamentales para fortalecer las economías regionales.
El desafío para Colombia: fortalecer al Estado sin debilitar a quienes producen
La discusión planteada por Fedearroz invita a revisar una pregunta central de la política económica: ¿cómo construir un sistema tributario que genere recursos para el Estado y, al mismo tiempo, estimule la inversión, la producción y el empleo?
No existe competitividad sin condiciones para producir. Tampoco existe desarrollo sostenible sin instituciones capaces de financiar sus responsabilidades.
El reto está en encontrar un equilibrio que permita fortalecer las finanzas públicas sin trasladar cargas que terminen afectando la capacidad productiva del país.
Colombia necesita un campo con acceso a tecnología, financiación, infraestructura, conocimiento, innovación y mercados. Necesita productores capaces de crecer, empresas rurales más competitivas y cadenas de valor que generen oportunidades económicas y sociales.
El campo no necesita solamente que se le exija producir más. Necesita condiciones para invertir, innovar, crecer y competir.
La pregunta para la gerencia
Si queremos fortalecer la economía colombiana, ¿estamos diseñando políticas que faciliten la producción nacional o estamos aumentando los costos de quienes generan empleo, alimentos y desarrollo en los territorios?
La discusión no debe quedarse en impuestos sí o impuestos no. Debe avanzar hacia una agenda de productividad, inversión, formalización y competitividad.
Porque fortalecer el campo es fortalecer la economía. Y proteger la capacidad de producir alimentos también es proteger una parte esencial del futuro del país.
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